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CUERNAVACA. Mor., diciembre 10 (EL UNIVERSAL).-La actuación de los militares en la detención de Édgar "N", El Ponchis, de 14 años, procesado por delitos contra la salud y homicidio culposo, recibió una dura crítica por organismos civiles y estatales de derechos humanos, así como presidentes de colegios de abogados locales.

Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos, aseguró que en cualquier otro país el adolescente habría obtenido su libertad, "pero estamos en México y aquí se sigue una resolución política, más que jurídica".

En su opinión, resulta inverosímil la versión de los soldados en el sentido de que Édgar llevaba dosis de cocaína y armas en su equipaje cuando pretendía abandonar la entidad en avión, el pasado 3 de diciembre, "a sabiendas de que pasaría por un filtro en el aeropuerto, pero no me consta que los soldados hayan cargado al muchacho".

Lucero Benítez Villaseñor, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos (CEDH), sostuvo que las violaciones a las garantías individuales por parte de los militares van al alza, y lamentó la lentitud de la CNDH para resolver e informar sobre las quejas contra elementos del Ejército.

Para el representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez, los métodos de búsqueda y captura de los militares vulneran de manera creciente las garantías individuales de los detenidos.

El debate inmediato, expuso, se da en términos de seguridad pública en respuesta a un escenario peligroso, un contexto donde parece que la gente está dispuesta a renunciar a sus derechos, por buscar seguridad ante la violencia e incapacidad de respuesta del Estado.

Transgreden derechos

La búsqueda y captura de El Ponchis, conocido por los videos y fotografías subidas a internet en las que se observa cómo golpea, tortura y supuestamente mata a rivales del cártel de los Beltrán Leyva, es una muestra de que en México los soldados no respetan las garantías individuales, dijo el abogado Enrique Paredes Sotelo.

Juzgó que las pruebas en contra del adolescente son producto de una detención ilegal, y por lo tanto, se corre el riesgo de que se caiga el proceso.

El especialista en la defensa de sujetos procesados por delitos contra la salud afirmó que el Ejército violenta de manera constante las garantías individuales contra aquellas personas presuntamente vinculadas al crimen organizado.

"Es preocupante ver que la sociedad se está acostumbrando a ver detenidos con huellas de golpes en el rostro o bien con marcas en el tabique nasal, como si los hubieran mantenido vendados de los ojos. Los argumentos de los soldados como: 'Tiene esos golpes porque se cayó cuando pretendía huir', no son creíbles".

Paredes consideró que los métodos de la milicia ponen en riesgo la frágil legislación en la materia, pero además se podría crear un campo de impunidad al dejar en libertad a los procesados debido a los golpes que registran en su presentación ante el juez.

En el caso de los adolescentes, dijo a quienes proponen elevar las penas o disminuir la edad penal, que lo mejor es pensar en dirigir más fondos para rehabilitar a ese sector de la sociedad.

Actualmente Édgar se encuentra en un Centro de Ejecución de Sentencias de Medidas para los Adolescentes, aunque se desconoce si permanece en Morelos u otra entidad. El hermetismo sobre su paradero se debe al cuidado que se tiene para cuidar de su integridad física, dijo la magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Ana Virginia Pérez Güemes y Ocampo.

Arrestos arbitrarios

José Martínez Cruz y Juliana García Quintanilla, representantes de la CIDH de Morelos, tiene casos documentados sobre "detenciones arbitrarias, allanamientos, torturas y ejecuciones cometidas por militares sin que se hayan realizado las investigaciones correspondientes". A más de un año de distancia, la CNDH no ha concluido con la investigación, dijo a su vez la presidenta de la CEDH, Lucero Benítez Villaseñor.

Una de las quejas refiere que los militares dispararon contra los campesinos Cristian Sánchez y su primo Oswaldo Sánchez Cabrera, quien falleció a consecuencia de las heridas de bala de calibre 7.62 de uso exclusivo del Ejército.

Cristian presentó denuncia y el Ministerio Público abrió la investigación SC01/7513/09. Estos hechos ocurrieron el domingo 20 de septiembre de 2009 en un retén instalado en Alpuyeca, municipio de Xochitepec.

Otro caso es el operativo realizado por la Marina contra Arturo Beltrán Leyva y sus sicarios en los edificios Altitud, en Cuernavaca, en diciembre de 2009, donde dos mujeres dedicadas al servicio de masaje fueron presentadas como parte de la banda delictiva, pero después obtuvieron su libertad sin cargos.

Durante estas acciones murió acribillado a balazos Ignacio Aguilar, al circular a bordo de una camioneta cerca de los edificios Altitud, cuando los mil.(me falto espacio dsculpas

y no es precisamente el partido en el poder